NOTA TECNICA DEL ÍNDICE MULTIDIMENCIONAL DE VULNERABILIDAD


El presente artículo documenta la metodología de focalización para identificar a la población vulnerable afectada por el COVID-19. El proceso ha sido liderado por el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social (STSS) y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE), con el aporte técnico y financiero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en asocio con el Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxford en Inglaterra y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia¹ ²

¹ Los autores de esta nota técnica,Mónica Pinilla-Roncancio & Andrés Ham, desean reconocer los comentarios recibidos de parte de Marcela Meléndez, María José Uribe y el equipo de la oficina de país del PNUD en Honduras. Los puntos de vista que se expresan en este documento no reflejan necesariamente los de la Universidad de los Andes, o Oxford Poverty ni del Human Development Initiative.

Los puntos de vista que se expresan en este documento no reflejan necesariamente los de la Universidad de los Andes,o Oxford Poverty ni del Human Development Initiative.

² Equipo responsable del desarrollo de la metodología de focalización es:

  • Elsa Servellón, Directora del CENISS

  • Carlos Amaya, Analista de Mediciones Sociales y Económicos del CENISS.

  • Lilia Argueta, Analista de Mediciones Sociales y Económicos del CENISS

  • José Cruz, Analista de Mediciones Sociales y Económicos del CENISS.

  • Daysi Gonzalez, Coordinadora de Gestión de Base de Datos del CENISS

  • Gabriela Cornejo, Analista Programador del CENISS.

  • Mónica Pinilla-Roncancio, Profesora Asistente y Coordinadora Programas de Posgrado en Epidemiología de la Universidad de los Andes (Colombia) y Directora de Medición y Política de Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxford en Inglaterra

  • Andrés Ham, Profesor Asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia

  • Ivan González de Alba, Ex especialista en reducción de pobreza del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

  • Sergio Arturo Membreño Cedillo, Asesor en Políticas y Coordinador de la Unidad de Gestión del Conocimiento del PNUD en Honduras.


La pandemia del COVID-19 ha llevado a que los países tomen acciones sanitarias inmediatas paracontener el contagio de la enfermedad. Un efecto secundario de estas medidas de contención hasido la desaceleración de las actividades económicas. Esto afecta a toda la población, dado que la mayor parte de los ingresos de los hogares provienen de fuentes laborales, y ha tenido un efecto más marcado en las personas con empleos de mayor vulnerabilidad, como son las personas con empleos informales o trabajadores independientes. Para mitigar el efecto de las medidas decontención sanitaria sobre el bienestar económico de la población, los gobiernos alrededor del mundo han buscado expandir sus sistemas de protección social. Esta expansión incluye aumentar el número de beneficiarios en los programas ya existentes, al igual que crear nuevos programas con el objetivo de cubrir las necesidades de los nuevos individuos vulnerables.

Al momento, 190 países han modificado o extendido sus sistemas de protección social para proteger a la población de los efectos negativos de la pandemia (Gentillini et al., 2020). Entre las casi mil medidas que se han implementado, la herramienta más frecuentemente utilizada han sido las transferencias monetarias.³

En Honduras, los casos confirmados de COVID-19 al 13 de agosto del 2020 sumaban 48,657, conuna tasa de mortalidad de 3.15%, una de las más altas en América Latina. En un trabajo previo, se simularon los posibles efectos de la pandemia sobre las tasas de pobreza (Ham, 2020), encontrando que la tasa de pobreza monetaria moderada podría aumentar entre 2 puntos porcentuales en el caso más optimista y hasta 26 puntos porcentuales bajo un escenario pesimista.4 Ese documento propone algunas medidas de protección social para mitigar esos efectos y prevenir un aumento insostenibleen la tasa de pobreza. Entre esas propuestas está extender el marco actual de protección social por transferencias y entregar transferencias nuevas a otros grupos poblacionales que bajo condiciones normales no estarían vulnerables, pero que se encuentran en peligro debido a los efectos resultantes de la pandemia.

Dada la situación actual de emergencia, el Gobierno de Honduras ha creado el Proyecto de Asistencia a los Trabajadores Independientes o de Cuenta Propia afiliados o no a un Colegio profesional y/o gremial por Decreto Ejecutivo No. PCM-035-2020 (La Gaceta, 2020). Según el decreto, “El beneficio consta de un apoyo en especie dirigido hasta a 500,000 personas, mismo que será financiado en su totalidad por el Gobierno de la República con recursos previamente identificados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.” Este beneficio tiene un valor de 2,000 Lempiras que podrán ser utilizados para la compra de alimentos, medicamentos o insumos de bioseguridad por la población beneficiaria. Actualmente se contempla entregar el beneficio a 260 mil personas en Honduras.

El equipo encargado de la selección y focalización de las personas beneficiarias está liderado por el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), e incluye también a la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social (STSS) y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE). El Gobierno de Honduras ha solicitado al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su apoyo técnico al grupo de colaboradores en las diferentes etapas del proceso, incluida la identificación y selección de beneficiarios. Este apoyo ha tenido como principal objetivo el diseño e implementación de un algoritmo de focalización para identificar a 260,000 personas que son cuenta propia, empleados sin seguridad social, empleadores sin seguridad social o desempleados y que cumplen los requisitos para recibir la asistencia.

Adicional al diseño de la identificación de la población vulnerable con los datos existentes en el RUP, el CENISS también tiene la labor de expandir el alcance de la base de datos del RUP aumentando el número de personas registradas y así poder cubrir un mayor número de personas con el apoyo decretado. La expansión del registro busca obtener información sobre personas que en condiciones normales no estarían en pobreza extrema, pero que, debido a la emergencia sanitaria y las medidas de contención, han perdido su fuente de ingreso.

Aunque se estima que la población vulnerable frente a la pandemia en Honduras supera las 260,000 personas, dados los recursos limitados, es necesario focalizar las transferencias disponibles para priorizar a aquellos con mayor vulnerabilidad. Sin embargo, dada la incertidumbre sobre la duración de las medidas sanitarias y sus posibles consecuencias en todos los aspectos de la vida, es probable que estas transferencias necesiten cubrir a más población por más tiempo en el mediano plazo.

El objetivo de este documento es describir el algoritmo utilizado para seleccionar los 260,000 beneficiarios de este programa. Esto se realizará utilizando datos existentes y nueva información recolectada por el CENISS. El algoritmo o Índice Multidimensional de Vulnerabilidad, tiene como 4 objetivo identificar hogares y personas dentro de ellos que presentan altos niveles de vulnerabilidad, lo cual, hace que se encuentren en mayor riesgo debido a la pandemia por COVID19. Este índice se aplica al grupo de trabajadores cuenta propia, empleados sin seguridad social, empleadores sin seguridad social y desempleados que se encuentra inscritos en el Registro Único de Participantes (RUP) y en los nuevos datos recolectados por CENISS.5 Es importante resaltar que el índice ha sido estudiado para la población del RUP y para la población que ingresó utilizando una adaptación de la ficha socioeconómica del RUP adaptada con el propósito de identificación de nuevos beneficiarios.

En este documento se presentan resultados de dos grupos (individuos cuenta propia en el RUP e individuos cuenta propia identificados por la ficha socioeconómica única del sector económico). Estos grupos presentan características socioeconómicas distintas, por lo cual es necesario describirlos en diferentes momentos. Adicionalmente, el proceso de recolección de la información continúa, por lo cual los resultados presentados para este grupo son resultados parciales y sólo se presentan los porcentajes de población y no valores absolutos, buscando mostrar el comportamiento del índice, más que describir el total de la población seleccionada.

Esta nota presenta la aproximación metodológica desarrollada en conjunto conCENISS, STSS, y SENPRENDE para focalizar las transferencias decretadas por el Gobierno de Honduras. Se propone utilizar un índice de vulnerabilidad multidimensional (IVM) que otorga un puntaje objetivo a cada hogar dentro de la base de datos del RUP, el cual depende de sus niveles de vulnerabilidad en 15 indicadores relacionados con composición del hogar, acceso a bienes y servicios básicos como son acceso a una fuente de agua limpia, saneamiento básico, alimentación, fuentes de financiamiento, entre otros. El IVM utiliza un método de conteo en el cual se identifican los hogares y personas vulnerables en cada indicador y luego se analiza el nivel de vulnerabilidad de los individuos. El IVM identifica a una persona como vulnerable cuando vive en un hogar cuyos niveles de vulnerabilidad son iguales o mayores al 35% de la suma ponderada de indicadores.

Utilizando el IVM, antes de tener en cuenta los criterios decretados por el gobierno para la selección de beneficiarios, se clasifica alrededor del 84% de las personas incluidas en el RUP a 2019 como pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad. Del total de personas seleccionadas por el índice Multidimensional de Vulnerabilidad utilizando datos del RUP-2019 y de los nuevos registros se encontró que en promedio la edad de las personas es de 39 años, con un 42% de mujeres y viven en hogares con 3.4 personas en promedio. El 60% tienen primaria completa y 10% no cuentan con ningún nivel de educación. Los sectores de la economía al cual pertenecen son prestación de servicios, comercial y servicio doméstico

Utilizando el IVM, antes de tener en cuenta los criterios decretados por el gobierno para la selección de beneficiarios, se clasifica alrededor del 84% de las personas incluidas en el RUP a 2019 como pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad. Del total de personas seleccionadas por el índice Multidimensional de Vulnerabilidad utilizando datos del RUP-2019 y de los nuevos registros se encontró que en promedio la edad de las personas es de 39 años, con un 42% de mujeres y viven en hogares con 3.4 personas en promedio. El 60% tienen primaria completa y 10% no cuentan con ningún nivel de educación. Los sectores de la economía al cual pertenecen son prestación de servicios, comercial y servicio doméstico



El índice Multidimensional de Vulnerabilidad propuesto selecciona objetivamente a personas que presentan alto nivel de vulnerabilidad en cuatro dimensiones: población de alto riesgo; salud, alimentación, vivienda y servicios; resiliencia económica; y medios de vida y seguridad en el empleo. Si bien la metodología busca identificar a personas con alta vulnerabilidad frente a la coyuntura del COVID-19, no es garantía que se identificarán todos los individuos que han sido (o serán) afectados por la pandemia. Al contrario, este indicador busca seleccionar a las personas cuya combinación de vulnerabilidades los coloca en un mayor riesgo estimado de sufrir las consecuencias más marcadas de la pandemia y las medidas de contención También será esencial definir la periodicidad con la que se entregaran los subsidios (por ejemplo, entrega única o durante varios meses) ya que la duración de la emergencia sanitaria y las medidas de contención al momento de escribir este documento permanecen inciertas.


³ También se han puesto en marcha programas que brindan apoyo para hogares con niños, niñas y adultos mayores, entrega de alimentos, alivio del pago de servicios públicos y alivio de deudas con la banca privada (Gentillini et al,2020)

En términos de pobreza monetaria extrema, los escenarios considerados estiman un posible aumento desde 1.9 puntos porcentuales bajo un escenario optimista hasta casi 40 puntos porcentuales en uno pesimista.


Si bien la pandemia del COVID-19 tuvo un arranque lento en Honduras, la tasa de casos confirmados ha aumentado considerablemente durante mayo y agosto, pasando de 804 casos a 48,657. El Gobierno ha implementado medidas estrictas de aislamiento obligatorio desde el mes de marzo y actualmente, se permite la circulación de los ciudadanos según el último dígito de su tarjeta de identidad para realizar actividades bancarias, compras de abastecimiento y asistir a citas médicas. A partir del 8 de junio se ha comenzado una reapertura inteligente de ciertas instituciones gubernamentales como COPECO, SEFIN, el Banco Central, entre otras (SINAGER, 2020), lo cual ha generado que mayor cantidad de personas salgan de sus casas, aumentando la circulación.

Las medidas de contención de la pandemia por COVID-19 han generado, como en el resto del mundo, una desaceleración económica. El Banco Central de Honduras estima que la economía se contrajo 1.3% a marzo del 2020 (BCH, 2020). El Banco Mundial estima que América Central va a entrar en recesión, ya que pronostica una caída del 3.6% en el Producto Interno Bruto (PIB) en la región para el 2020 (Banco Mundial, 2020).

Estas expectativas macroeconómicas tienen implicaciones a nivel de hogares y personas. En un reporte al comienzo de la pandemia, Ham (2020) estima que no todos los empleados hondureños pueden realizar sus actividades de manera remota y que los trabajadores más afectados por la desaceleración económica están vinculados al sector informal de la economía y suelen ser trabajadores independientes o cuenta propia, los cuáles representan más del 80% de la fuerza laboral hondureña. En ese reporte se plantean algunas propuestas de políticas para mitigar el impacto negativo sobre los hogares más vulnerables en términos de pobreza y de riesgo por pérdida de empleo ya que las propuestas por parte del Gobierno en ese momento excluían a los hogares con trabajadores informales y otras condiciones de vulnerabilidad relevantes. Ham (2020) también estima que la pobreza va a aumentar en Honduras. Asumiendo diferentes escenarios de reducción de ingresos, el documento estima que la cantidad de personas en pobreza puede aumentar desde 64.7% a 66.7% en el escenario más optimista, hasta 91.5% en el escenario más pesimista.

Para mitigar los efectos negativos sobre el bienestar de los hogares, el Gobierno de Honduras aprobó el 25 de abril del 2020 un programa que brinda un apoyo en especie con valor de 2,000 Lempiras para beneficiar a 260,000 personas (por un costo total de mil millones de Lempiras). Este apoyo solamente puede ser utilizado en comercios establecidos para consumo de alimentos o medicamentos (La Gaceta, 2020). La legislación requiere “hasta 500,000 personas registradas en el Registro Único de Participantes (RUP), quienes puedan ser priorizadas con base en un modelo de identificación de vulnerabilidades en sus medios de vida y/o inseguridad en el empleo al ser trabajadores por cuenta propia y/o que se consideren en alto riesgo por condiciones de salud, adultez y vulnerabilidad económica entre otros”. Es decir, la población objetivo del apoyo decretado son trabajadores por cuenta propia que presentan un alto riesgo de perder su empleo, sobre los cuales el Gobierno tiene información en el RUP

Para mitigar los efectos negativos sobre el bienestar de los hogares, el Gobierno de Honduras aprobó el 25 de abril del 2020 un programa que brinda un apoyo en especie con valor de 2,000 Lempiras para beneficiar a 260,000 personas (por un costo total de mil millones de Lempiras). Este apoyo solamente puede ser utilizado en comercios establecidos para consumo de alimentos o medicamentos (La Gaceta, 2020). La legislación requiere “hasta 500,000 personas registradas en el Registro Único de Participantes (RUP), quienes puedan ser priorizadas con base en un modelo de identificación de vulnerabilidades en sus medios de vida y/o inseguridad en el empleo al ser trabajadores por cuenta propia y/o que se consideren en alto riesgo por condiciones de salud, adultez y vulnerabilidad económica entre otros”. Es decir, la población objetivo del apoyo decretado son trabajadores por cuenta propia que presentan un alto riesgo de perder su empleo, sobre los cuales el Gobierno tiene información en el RUP

Vale remarcar que en las estimaciones de Ham (2020), el número de personas afectadas económicamente por la pandemia varía entre 290,000 y 4,000,000 personas. Debido a que los posibles beneficiarios superan la capacidad de transferencias decretadas por el Gobierno, es necesario especificar una metodología que focalice recursos escasos a las personas con mayor necesidad.


El objetivo del algoritmo de focalización es identificar a las personas que viven en hogares que presentan altos niveles de vulnerabilidad en 15 indicadores, distribuidos en cuatro dimensiones: población de alto riesgo; salud, alimentación, vivienda y servicios; resiliencia económica; y medios de vida y seguridad en el empleo. El algoritmo utiliza como base un método de conteo (método Alkire-Foster)6 , el cual permite identificar los hogares vulnerables en cada indicador, y luego hacer un conteo de vulnerabilidades, para así poder identificar aquellos hogares que son vulnerables en múltiples dimensiones.

Como se discutió anteriormente en la construcción del algoritmo para seleccionar beneficiarios se utilizó el RUP como única fuente de datos. Teniendo en cuenta los criterios de priorización establecidos por el Gobierno en el Decreto Ejecutivo No. PCM-035-2020 (ser trabajador por cuenta propia y aquellos que se consideren afectados por las medidas de contención social del virus COVID-19), los datos del RUP fueron utilizados en dos etapas: primero se analizaron los datos de la población previamente registrada en el RUP y segundo los de los individuos cuyos registros se realizaron durante el periodo de pandemia. El análisis de los datos sigue el mismo proceso en ambos grupos, la única diferencia es que la población a ser analizada difiere en sus características socioeconómicas.

El algoritmo está compuesto por cuatro dimensiones que contienen 15 indicadores dentro de ellas. La dimensión de población de alto riesgo busca identificar hogares en donde se tiene por lo menos un miembro con características de alta vulnerabilidad de contagio por COVID-19, como es la población de avanzada edad, con enfermedades crónicas, o que ha estado fuera del mercado laboral debido a problemas de salud. La segunda dimensión, Salud, alimentación, vivienda y servicios, tiene como objetivo capturar características que incrementan el riesgo de los hogares y sus miembros de no poder cumplir a cabalidad las restricciones de movilidad y el aislamiento obligatorio impuesto por el gobierno. La dimensión de resiliencia económica incluye información sobre tenencia de bienes, acceso a servicios financieros y acceso a servicios de comunicación telefónica. Finalmente, la dimensión de medios de vida y seguridad del empleo busca identificar personas viviendo en hogares cuyos miembros tienen características de empleo vulnerable, como son empleos temporales, en sectores identificados de alto riesgo, sin seguridad o con miembros cuya ocupación los hace altamente vulnerables a las consecuencias negativas de las medidas de aislamiento obligatorio y cuarentena. Cada dimensión tiene el mismo peso o importancia relativa dentro del índice y cada indicador dentro de la dimensión también tiene la misma ponderación (ver Tabla 1 para mayor detalle). El índice identifica individuos viviendo en hogares vulnerables de acuerdo con una línea de vulnerabilidad establecida al 35%. La selección de la línea de vulnerabilidad se hizo basada en análisis de robustez, en donde se identificaba que en este punto el índice discriminaba a los hogares de acuerdo con sus niveles de vulnerabilidad. Dentro de los análisis para determinar la línea de vulnerabilidad también se incluyó un análisis de las características de los grupos identificados por cada una de las líneas. Adicionalmente, la selección de la línea de vulnerabilidad fue el resultado de un proceso de discusión técnico-normativo en donde se analizaron los resultados que se obtenían con diferentes cortes de vulnerabilidad (30% ,35% y 40%) y después de la aplicación de diferentes filtros. En este punto es importante resaltar que el grupo de personas seleccionadas dentro del universo del RUP serán los individuos que cumplan con las siguientes características:

  1. Son personas desempleadas, empleadores sin seguridad social, trabajadores cuenta propia o trabajadores asalariado sin seguridad social.
  2. Son mayores de 17 años (solo se incluyen como posibles beneficiarios personas de 18 años o más).
  3. Se comprobó su identidad dentro del sistema.
  4. No pertenecen al sector de la agricultura, y
  5. No reciben ningún otro beneficio (Bono Vida Mejor y Bono a Personas con Discapacidad).

Luego de aplicar los filtros anteriores, se utiliza el Índice para capturar personas viviendo en hogares multidimensionalmente vulnerables, por lo cual la selección de individuos dependerá de sus niveles de vulnerabilidad y los del hogar en donde viven. El índice incluye indicadores que capturan vulnerabilidades específicas para miembros del hogar, al igual que estructurales de la vivienda que afectan de manera homogénea a todos los miembros del hogar. Dado que la transferencia será otorgada a trabajadores a cuenta propia, desempleados, trabajadores asalariados y empleadores sin seguridad social, se seleccionará el porcentaje de la población de trabajadores que es vulnerable de acuerdo con los indicadores incluidos en el Índice Multidimensional de Vulnerabilidad.




Al seleccionar una línea de vulnerabilidad multidimensional del 35% se encuentra que el 82% de los individuos registrados en el RUP se clasifican como vulnerables. Estos individuos en promedio viven en hogares que son vulnerables en aproximadamente la mitad de los indicadores incluidos en el Índice Multidimensional de Vulnerabilidad, y presentan las mayores vulnerabilidades en acceso a empleo permanente (76.6%), servicios financieros (76.6%), seguridad social (79.0%) y acceso a alimentación o seguridad alimentaria (72.3%). Estas vulnerabilidades evidencian que los hogares seleccionados tienen precariedad en el empleo, lo cual los hace extremadamente vulnerables a la situación actual y también presentaban una inseguridad alimentaria que muy seguramente se incrementó dadas las condiciones actuales que vive el país (Figura 1).



Fuente: Elaboración propia del equipo técnico de focalización utilizando información del RUP

La población objeto del beneficio debe cumplir con una serie de características, las cuales incluyen pertenecer a alguno de los siguientes grupos: desempleado, empleador sin seguridad social, trabajador cuenta propia y asalariado sin seguridad social. Igualmente, las personas deben tener 18 años o más, no pertenecer al sector agrícola, poder verificar su identidad y no recibir el Bono Vida Mejor y el Bono a Personas con Discapacidad.

En ese sentido, luego de la aplicación del Índice Multidimensional de Vulnerabilidad, los datos del RUP fueron filtrados por estas características y se encontró que del total de personas desempleadas (69,521), el 67% fueron seleccionadas dentro del universo de posibles beneficiarios. En el caso de las personas trabajadoras a cuenta propia (327,578), el 35% fueron seleccionados y de las personas asalariadas sin seguridad social (358,510), el 34% fueron seleccionados dentro del universos de posibles beneficiarios (ver Tabla 2).



Al aplicar el Índice Multidimensional de Vulnerabilidad, se encuentra que del total de los posibles beneficiarios el 78.4% son identificados como vulnerables (225,293 individuos). Del grupo de seleccionados, 90,658 son trabajadores cuenta propia, 41,032 son desempleados, 3,071 son empleadores sin seguridad social y 90,532 son trabajadores asalariados sin seguridad social.

Al analizar las tasas de vulnerabilidad de las personas seleccionadas como vulnerables, se encuentra que las personas desempleadas son las que presentan mayor nivel de privación en indicadores como son tipo de empleo, estado de contrato laboral, seguridad social y acceso a alimentación (todas mayores a 80%). Los trabajadores a cuenta propia presentan niveles de vulnerabilidad mayores a 70% en los indicadores de tipo de empleo, seguridad social, acceso a alimentación y servicios financieros.



Características de las personas seleccionadas

Del total de personas seleccionadas por el índice Multidimensional de Vulnerabilidad utilizando datos del RUP-2019 y de los nuevos registros se encontró que en promedio la edad de las personas es de 39 años, con un 42% de mujeres y viven en hogares con 3.4 personas en promedio. El 60% tienen primaria completa y 10% no cuentan con ningún nivel de educación. Los sectores de la economía al cual pertenecen son prestación de servicios, comercial y servicio doméstico (ver Tabla 3)




La pandemia del COVID-19 ha requerido realizar esfuerzos importantes en materia de protección social por los gobiernos del mundo para proteger el bienestar de la población. En Honduras, se ha decretado un apoyo a personas que presentan vulnerabilidades en sus medios de vida y/o inseguridad en el empleo al ser trabajadores por cuenta propia y/o que se consideren en alto riesgo por condiciones de salud, adultez y vulnerabilidad económica entre otros (La Gaceta, 2020). Se prevé otorgar ayuda en especie a 260,000 beneficiarios por un valor de 2,000 Lempiras cada uno para mitigar los efectos negativos de la pandemia y su contención. Dado que la población vulnerable supera la cantidad de subsidios disponibles, es necesario focalizar la ayuda para llegar a los más necesitados inmediatamente. Como condición adicional, el apoyo está sujeto a que las personas estén inscritas en el Registro Único de Participantes o hayan sido incorporadas a esta fuente de información desde el comienzo de la emergencia sanitaria en marzo del año 2020.

Este documento resume la metodología desarrollada por el CENISS, la STSS, y SENPRENDE con el apoyo técnico del PNUD para focalizar el apoyo según lo establecido por el Decreto Ejecutivo No. PCM-035-2020 (La Gaceta, 2020). La metodología se basa en la construcción de un Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM). Este índice incluye cuatro dimensiones y 15 indicadores, los cuales capturan vulnerabilidades relacionadas con riesgos de salud frente al COVID-19, acceso a bienes y servicios básicos, resiliencia económica y empleo. El IMV utiliza una línea de vulnerabilidad de 35% o más, lo que significa que una persona es considerada multidimensionalmente vulnerable si vive en un hogar cuyos niveles de vulnerabilidad son iguales o mayores al 35% de los indicadores.

Brindar medidas de protección social es necesario en el contexto actual. Sin embargo, la escasez de recursos disponibles, en parte por las mismas consecuencias de la pandemia, limita el alcance de algunos apoyos o programas para mitigar los efectos negativos en el bienestar de las personas. Cuando no se puede alcanzar a toda la población vulnerable, es necesario definir criterios claros de focalización para llegar primero a los más necesitados. Este documento propone una metodología basada en el método Alkire-Foster para lograr este propósito. El método escoge objetivamente a personas que presentan alto riesgo en las dimensiones consideradas entre las personas previamente registradas en el RUP y las incorporadas desde el inicio de la emergencia.

Si bien la metodología identifica a personas con alta vulnerabilidad pertenecientes al subconjunto de la población priorizada por el Gobierno de Honduras en su Decreto Ejecutivo No. PCM-035-2020, no logra alcanzar a todas las personas que pueden ser afectadas tanto directa como indirectamente por la pandemia. En el futuro, será eventualmente necesario considerar la ampliación de la cobertura de este tipo de apoyos para no excluir de ellos a grupos de la población en situación de necesidad.


Alkire, S. y J. Foster (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95(7-8):476-487.

Banco Central de Honduras (2020b). Boletín de Prensa N.º 28/2020. «La Economía Hondureña se contrajo 1.3% a Marzo de 2020»

Banco Mundial (2020). Global Economic Prospects.

Gentillini, U., Almenfi, M., y Orton, I. (2020). Social Protection and Jobs Responses to COVID19: A Real-Time Review of Country Measures. Banco Mundial, Social Protection and Jobs Global Practice. Versión: 22 de mayo de 2020.

Ham, A. (2020). Social and Economic Impact of COVID-19 and Policy Options in Honduras. COVID-19 Policy Documents Series, UNDP-LAC-C19-PDS No. 4. UNDP Latin America and the Caribbean.

La Gaceta (2020). Decreto Ejecutivo No. PCM-035-2020, Numero 35,235. 25 de abril 2020.

SINAGER (2020). Comunicado Apertura Fase I, 6 de junio del 2020.


Alkire y Foster (2011) proponen una metodología basada en un enfoque de conteo, que realiza ajustes a la familia de indicadores tradicionales de pobreza FGT al llevarlos al plano multidimensional. Esta metodología implica el establecimiento de dos umbrales en la etapa de identificación de pobres.

En primer lugar, una vez definidas las dimensiones e indicadores para tener en cuenta, se debe definir una línea de corte de cada uno de ellos. De esta manera, se determina qué hogares están privados en cada atributo. Se tiene entonces que:


donde xij es el valor que presenta el individuo u hogar i en el indicador j, zj es la línea de corte para el atributo j, y es una variable dicotómica que toma valor =1 si el individuo/hogar i está privado en el indicador j.

Como indican Alkire y Foster (2011): “las líneas de corte específicas para cada dimensión por sí solas no alcanzan para identificar quién es pobre; se deben considerar otros criterios que puedan tener una visión que atraviese las dimensiones para llegar a una especificación completa del método de identificación”.


Para ello, una vez establecido quién es pobre en cada dimensión, esta metodología cuenta el número de atributos (ponderados por sus respectivos pesos) en los cuales el individuo/hogar i se encuentra privado, ci. En esta etapa se fija el segundo umbral, k, a partir del cual se define quién es pobre y quién no en términos multidimensionales. Es decir, k representa el mínimo número de indicadores ponderados en que un individuo/hogar debe presentar carencias para ser considerado ultidimensionalmente pobre. De este modo, se tiene que:

donde 𝜌𝑖 es una variable dicotómica que toma valor =1 si el individuo/hogar i está privado en al menos k dimensiones (i.e. si es multidimensional pobre). Este método permite utilizar un criterio de unión o de intersección, fijando k = 1 y k =d (donde d es el número de indicadores incorporadas en el análisis), respectivamente. Del mismo modo, se permiten esquemas intermedios estableciendo un valor de k entre estos extremos. Es decir, los enfoques de unión e intersección pueden tomarse como casos particulares de este método

Alkire y Foster no proveen un algoritmo para la determinación de k, sino que estiman sus resultados con todos los posibles valores de k entre 1 y d. Esto constituye una prueba de robustez de las estimaciones. Adicionalmente a estas consideraciones en la etapa de identificación de los pobres, estos autores proponen ajustes al agregar la información de los individuos/hogares en un indicador poblacional, basados en la familia de indicadores FGT.

En particular, se propone el uso del indicador Mα(x,z) que cumple con un conjunto de propiedades axiomáticas deseables entre ellas simetría, invarianza a la escala y descomposición. En este indicador, α es un parámetro de aversión a la pobreza. Cuando α = 0, el indicador es una versión multidimensional de la tasa de incidencia (H0), pero ajustada por el promedio de privaciones entre los pobres – lo que los autores llaman intensidad de la pobreza. Esta corrección permite que el indicador cumpla adicionalmente con la propiedad de monotonicidad multidimensional (que no se satisface con la tasa de incidencia).

Una ventaja de la metodología de Alkire y Foster es que permite descomponer al indicador de pobreza multidimensional de modo de computar la contribución relativa de cada dimensión a la pobreza total. Adicionalmente, se pueden realizar descomposiciones que permiten comparar por subgrupos poblaciones, como áreas urbano/rural, regiones del país, género, grupos de edad, grupos étnicos, etc


Cuando esta medida es desagregada por rural y urbano se encuentra que en el área urbana el 61% de la población incluida en el RUP sería identificada como vulnerable y un 67% de la población viviendo en el área rural. Cuando se analizan las tasas de vulnerabilidad para cada indicador para la población seleccionada por el algoritmo, se encuentra que la población en el área urbana multidimensionalmente vulnerable presenta mayores niveles de vulnerabilidad en los indicadores con la dimensión de población de alto riesgo (en los tres indicadores: población en edad avanzada, miembros con enfermedades crónicas o en desempleo por salud), también en el indicador de pagos de la vivienda y sector laboral (ver Figura A2).